Chihuahua, Chih.
Aún no se superaba la dolorosa indignación por el infanticidio de Jasiel Giovanny, de 8 años de edad a manos de su padrastro cuando en las inmediaciones de Parral, Chihuahua, fueron encontradas sin vida las niñas Génesis Nahomy y Yeyly Valeria, junto con su padre Jesús Omar Escárcega, quienes tenían reporte de desaparición desde el lunes 17 de julio de 2025; la causa de su fallecimiento fue el envenenamiento provocado por su progenitor que se suicidó de manera posterior como consecuencia de un tema de custodia familiar.
Habría que llamar a estos delitos por su nombre: en el caso de Jasiel infanticidio y en el de Génesis y Yeyly feminicidio infantil y para la madre de ambas, violencia de género en su modalidad de violencia vicaria.
Hace un par de días, desde la Fiscalía General del Estado se dio a conocer la aparición de un feto del que se desconoce edad gestacional y sexo; sin embargo, aquí ya hay una determinada respuesta de la autoridad para definir que el asunto se tratará como “crimen doloso”, que no existe como tal en el Código Penal de Chihuahua; sino que es una definición que señala que es una clase de crimen que no nace de un solo instante, que requiere de varios pasos o etapas desde su concepción hasta su consumación.
En términos definidos por el jurisconsulto Fernando Castellanos: “el delito se desplaza a lo largo del tiempo, desde que apunta como idea o tentación en la mente, hasta su terminación…se le llama iter criminis…”.
A primera vista pareciera que los casos distan mucho uno de otro; sin embargo, la coincidencia entre los tres y a la que me deseo referir es la respuesta institucional.
En nuestro país existe la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 14 señala: “…tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades […] deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida”.
Y como a cada ley general le corresponde una entidad pública y un reglamento que la operativice, en México existe el SIPINNA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en los tres niveles de gobierno que tiene como obligación garantizar el respeto, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de políticas públicas y acciones transversales.
Según cifras recogidas por el REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México), en lo que va de 2025, las víctimas de 0 a 17 años de edad en delitos culposos y dolosos, suman 1,131 en total (886 niños, 245 niñas). Las entidades en las que se registraron un número mayor (3 de cada 10) fueron en Guanajuato, Michoacán y Chihuahua.
Siendo este el panorama, ¿merecerían las infancias de Chihuahua un compromiso mayor de parte de sus autoridades?
Sería lo deseable, pertinente, necesario y urgente; empero, esto no ha sucedido.
Ni siquiera un comunicado, aunque fuera escueto lamentando los hechos, para estar a la altura de las circunstancias, del dolor y al menos en apariencia, se mostrara alguna mínima cuota de voluntad o intención de sí cumplir con su mandato constitucional.
Niñas y niños están siendo asesinados y la principal actividad que ocupa las agendas y páginas de comunicación social del SIPINNA estatal es la firma de convenios en todas partes, sin que estos se traduzcan en acciones concretas.
Para muestra un botón: el promovido por la Secretaría General de Gobierno para la firma de un convenio de colaboración entre SIPINNA y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), “con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional en favor de la niñez en el estado”, en el que además se subrayó, que dicha “…colaboración permitirá la implementación de acciones conjuntas para la difusión de los derechos de la infancia y de la adolescencia, así como mecanismos de atención y respuesta ante posibles vulnerabilidades”; misma que aún sigue brillando por su ausencia porque NNA’s siguen siendo asesinados.
Y no es la omisión la única vertiente verdaderamente grave en el feminicidio infantil y el infanticidio en el estado; también lo es la respuesta de ciertos personajes de la ultraderecha como Carlos Olson, Francisco Sánchez, entre otros, que frente a la tragedia eligen lucrar con el dolor para beneficiarse políticamente; lo que ha tenido resultados adversos como la estigmatización de ciertas poblaciones históricamente vulneradas y que se desvíe la atención del verdadero problema alimentando discursos de odio y narrativas de exclusión con ello, mientras manifiestan sus planteamientos desde el desconocimiento y prejuicios.
¿Y el caso del feto encontrado en la colonia El Mimbre? A pesar de que las informaciones son confusas (aún no se determina el sexo del producto y si era un recién nacido o un nonato) y la falta de conocimiento de Yesica Rentería, vocera de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la premura por definir el tipo legal que orientará las investigaciones indica la intención de criminalizar a quien resulte responsable de un posible aborto a pesar de que este ya no es delito en la entidad; amén de que lo que se debería investigar son los verdaderos motivos que llevaron a una mujer, adolescente o quizá niña a tener un aborto o parto prematuro, espontáneo o si tuvo condiciones para llevar a término un embarazo y de no ser así, restituirle sus derechos.
Porque es obligación del Estado garantizarlos y cuando el Estado falla, lamentamos la violencia que asesina a las infancias y adolescencias con su total abandono y ausencia.
@marielousalom
1. https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/investiga-fem-localizacion-sin-vida-de-ninas-y-su-padre/
2. https://chihuahua.gob.mx/prensa/firman-convenio-sipinna-y-cedh-para-fortalecer-la-proteccion-de-los-derechos-de-ninas-ninos
3. Niñas, niños y adolescentes.
