Chihuahua, Chih.

La violencia política de razón de género en Chihuahua no es un exabrupto; es una herramienta de disciplinamiento y estrategia de control. Figuras como Luis Terrazas Fraga, Pedro Oliva y César Komaba son los rostros de un sistema que utiliza la misoginia para deslegitimar a la oposición, además de revelar la forma en que los ataques personales se convierten en arma para tratar de denostar la figura y credibilidad de las mujeres que participan en política en espacios distintos a los que marca su agenda.
Cuando Terrazas Fraga cuestiona el embarazo de la senadora Andrea Chávez, no solo busca insultar: busca erosionar la imagen que se ha venido construyendo rumbo a la próxima jornada electoral bajo un velo de "moralidad". Por su parte, el ascenso de Komaba tras sus burlas misóginas en 2020 confirma una cínica verdad: en el PAN, la agresión machista se premia cuando hay lealtad en la militancia: Terrazas Fraga ha ocupado espacios de representación de su partido en órganos electorales, además de haber ejercido como Secretario de Fortalecimiento Municipal del mismo instituto político, lo que lo llevó a obtener una regiduría en el 2007 al 2010 y repetir periodo del 2016 al 2021, para posteriormente convertirse en Subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Por su parte, César Komaba Quezada ha sido jefe de Traslación de Dominio en Catastro Municipal, Subdirector de Catastro e Ingresos, Subdirector de Gobernación Municipal, Director de Vialidad y Tránsito (antes de la reestructuración), Subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial (estatal), actualmente y pese a la controversia generada, se desempeña al unísono como Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua.
La coincidencia entre ambos personajes es que el fortalecimiento de ambas figuras se ha dado bajo las administraciones municipales de Maru Campos y Marco Bonilla y el manto de impunidad con el cual se cobijan, se ha trasladado al amparo del actual gobierno estatal. La doble moral que utiliza la humillación pública —respaldada por el silencio o el apoyo de líderes panistas— alineándose con agendas de derechas conservadoras que ven el avance de las mujeres como una amenaza moral, es evidente.

Prueba de lo anterior es que no hay sanciones reales, solo simulación mediática. Se apaga el incendio temporalmente sin que los responsables cursen consecuencias: la remoción de un cargo público que no deriva de un proceso de carácter administrativo no genera antecedentes ni sanciones reales, no hay penas, castigo ni inhabilitaciones; por ende, la lección no se aprende.
A este historial de complicidades se suma el reciente caso de Pedro Oliva, titular de la Subdirección de Gobernación Municipal, quien el pasado 25 de marzo se vio obligado a la “disculpa pública” tras difundir una imagen de contenido íntimo sin consentimiento en un grupo oficial de WhatsApp. No fue un incidente aislado ni un error de mensajería, sino la manifestación más emblemática de cómo el funcionariado panista de las administraciones aludidas entiende el espacio público: como un territorio de consumo y cosificación femenina.
La respuesta institucional, reducida a la aceptación del “error” por parte de Oliva, refuerza la afirmación de la simulación; al no existir una sanción administrativa ejemplar ni inhabilitación inmediata, el mensaje para la estructura panista es claro: la intimidad de las mujeres es material de escarnio y el pacto de impunidad es lo suficientemente sólido como para resistir incluso la comisión de un probable delito (que castiga la Ley Olimpia).
El machismo institucional es un engranaje de poder que trasciende la agresión individual. Ocurre cuando instituciones como el PAN, normalizan la violencia mediante la omisión de sanciones reales y el "reciclaje" de perfiles. Sus implicaciones son profundas: crea un sistema de recompensas para el agresor (como los ascensos de Komaba) y un constante proceso de revictimización para las víctimas que expande exponencialmente sus efectos por la difusión masiva en redes sociales y servicios de mensajería instantánea.
Se instrumentaliza la moralidad para deslegitimar liderazgos femeninos, enviando un mensaje de que el espacio público está condicionado, es decir, solo hombres lo pueden ocupar.
Este ecosistema, alimentado por voces conservadores, silencios cómplices y su característica doble moral, normaliza la violencia para mantener el status quo; no busca justicia, sino aleccionar a las mujeres que desafían el poder.
Es un machismo institucional que "mancha" a la mujer para no ensuciarse las manos, declarando tácitamente que el espacio público sigue ejerciéndose en clave machista.
No se trata de "excesos verbales", sino de una estructura que protege la hegemonía masculina a través de la simulación de justicia.
Mientras la violencia política en razón de género se siga usando como moneda de cambio y mérito partidista, la democracia en el estado será solo una fachada para proteger la impunidad patriarcal.

@marielousalomé
https://nortedigital.mx/separan-del-cargo-a-subdirector-de-seguridad-publica-de-chihuahua-capital-por-comentarios-misoginos-contra-andrea-chavez/
2. https://animalpolitico.com/2020/07/destituyen-funcionario-chihuahua-pandemia-cerrar-boca-mujeres?fbclid=IwAR0h7OCq4qcbS0ZoGM-1nZEmzEdTXkv6Lz2vXuI0kv-QOm6mcec8_x0yJoo
3. https://alinstantechihuahua.com/2025/03/25/pedro-oliva-se-disculpa-por-envio-indebido-de-imagen-en-grupo-oficial/