Chihuahua, Chih.

A principios de año, siempre es de festejar los informes anuales de resultados y estadísticas que instituciones —organizaciones nacionales e internacionales, de política pública y de derechos humanos— emiten. De ahí las múltiples posibilidades de hacer análisis político y de realidad con el peso de la evidencia; sin embargo, este espacio no puede dejar de abordar los hechos del pasado 3 de enero.

El ataque o incursión militar a Caracas se suma a la lista que, en nuestra región, podemos resumir desde la Operación Furia Urgente de 1983 en Granada; el apoyo logístico, financiero y militar a los «Contras» para derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua de 1981 a 1990; la Operación Causa Justa en Panamá, que tuvo como finalidad deponer al general Manuel Noriega bajo cargos de narcotráfico en 1989; en 1994, la Operación Uphold Democracy en Haití; el apoyo al intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002; la renovada intervención en Haití en 2004; y la incursión militar directa en 2009 para derrocar al presidente Manuel Zelaya.

La constante y pretendida justificación fue «reinstaurar la democracia» y, en algunos casos, la acusación de narcotráfico a los jefes de Estado de dichas naciones. 

Históricamente, en el contexto se debe mencionar que el país de las barras y las estrellas llevó a cabo 41 cambios de régimen en América Latina durante el siglo XX, ya que en los años 60-80 apoyó abiertamente golpes militares y dictaduras —como en Chile en 1973, en Brasil en 1964 y en Bolivia para el 71— a través del Plan Cóndor en el Sur Global. 

La cifra no incluye los intentos fallidos (como la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961) ni intervenciones que no resultaron en un cambio de gobierno inmediato.

Los bombardeos recientes en Caracas, denominados «Operación Determinación Absoluta» (Operation Absolute Resolve), han suscitado preocupaciones sobre su comparación con el Plan Cóndor. 

El «Plan Cóndor 2.0» es una versión moderna de la histórica operación de represión política en América Latina; esta comparación se basa en la idea de que las acciones de Estados Unidos y sus aliados están motivadas por el deseo de influir o controlar la región, similar a las intervenciones del pasado. 

En esta parte, no podemos dejar de rememorar a la Doctrina Monroe. 

Dicha doctrina fue planteada en 1823 por el presidente gringo del mismo nombre, en términos generales, para prohibir la expansión imperialista europea en el Abya Yala (antiguamente llamada Nuevo Mundo). 

Su comprensión se genera con la máxima de «América para los americanos»; con esto, Estados Unidos se arrogaba el papel de garante de independencia y sustentabilidad de los países de la región. 

Dicha doctrina sirvió para racionalizar la intervención y la coerción diplomática: «La América para los americanos quiere decir en romance: la América para los yanquees que suponen ser destinados manifiestamente a dominar todo el continente»

La presente extensión de la Doctrina Monroe —que ha evolucionado con la situación geopolítica actual, donde China ha ganado terreno en América Latina— pareciera tener un cruce con el ahora llamado «Plan Cóndor 2.0», que se traduce en una postura más agresiva por parte de EE. UU. en un intento de reafirmar su control.

Originalmente, el Plan Cóndor nace como respuesta a la Guerra Fría y a la supuesta necesidad de reprimir a la oposición; con ello, en términos de la Doctrina Monroe, se justifican las intervenciones en el hemisferio a través del control político y militar para proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos en los países del centro y sur global. Esto ocurre no solo a través de las intervenciones, sino también con el apoyo directo a las dictaduras mediante una diplomacia que sostiene la amenaza del uso de la fuerza, dibujando amenazas, así sean ficticias, como el comunismo.

Desde una perspectiva revisionista y decolonial, este «Plan Cóndor 2.0» no solo actualiza las tácticas de control geopolítico, sino que profundiza las heridas históricas en el tejido social del Abya Yala. No podemos ignorar que toda intervención imperialista conlleva una carga diferenciada de violencia que recae, con especial crueldad, sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias. 

La militarización de los territorios y el uso de sanciones económicas como arma de guerra no son medidas neutrales; son mecanismos que agudizan la precariedad de la vida, destruyen las redes de cuidado y criminalizan las resistencias populares. 

Al rastrear los daños sistémicos de estas intervenciones, la evidencia es irrefutable: la defensa de los intereses estratégicos de las potencias se traduce en una violación sistemática de los derechos humanos, donde la soberanía de los pueblos es sacrificada en el altar del capital transnacional.

Finalmente, asumir una postura decolonial frente a la Doctrina Monroe implica reconocer que la lucha por la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la soberanía es también una lucha feminista y de clase. Las agresiones recientes no solo buscan frenar el avance de otras potencias, sino disciplinar a una región que se atreve a imaginar alternativas al consenso neoliberal. 

El cierre de filas en torno a la memoria histórica de nuestras mártires y la denuncia de estas nuevas formas de injerencia —que hoy utilizan el derecho y la tecnología como garrotes políticos— es un imperativo ético. Solo a través de la reconstrucción de una soberanía que ponga la vida y los derechos humanos en el centro, será posible desmantelar el andamiaje colonial que, durante dos siglos, ha intentado reducir nuestra geografía de esperanza a un simple tablero de ajedrez para intereses ajenos.

Alerta que aún camina la espada de Bolívar por América latina.

@marielousalomé

1 Coatsworth, J. H. (2005). "United States Interventions". Revista: Harvard Review of Latin America. David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University.

2  Calloni, S. (2016). Operación Cóndor: Pacto Criminal. México: Editorial Ocean Sur. (En sus prólogos más recientes discute la versión 2.0).

3.  Morgenfeld, Leandro (2006). El ALCA: ¿a quién le interesa? Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.

4.  Correa, R. (2016). Discurso en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. En diversas intervenciones, Correa ha definido el "Plan Cóndor 2.0" como la judicialización de la política para impedir la participación de figuras de izquierda.