Chihuahua, Chih.
En el transcurso de la semana en medio de una muy profunda tensión política federal y estatal en materia de salud, la fracción parlamentaria del PAN se manifestó frente el Hospital Morelos del IMSS para denunciar la estrategia del Gobierno Federal de regionalizar los servicios a través del IMSS-Bienestar, supuestamente, porque dicha implementación de recursos opera en detrimento de nuestra entidad federativa porque no la coloca como prioritaria a la hora de construir más infraestructura.
Dicha manifestación tuvo como antecedente la declaración de la diputada de Morena, María Antonieta Pérez que señaló al PRI y al PAN de contar con una “deuda histórica, moral y política…en materia de salud pública por más de medio siglo”, luego de que las fracciones parlamentarias señaladas por la legisladora acusaran de “abandono” del sector. Desde ahí de un lado al otro volaron quejas y denuncias sin que realmente se mostrara interés por construir alternativas para atender la problemática.
Lo cierto, es que el abandono es generalizado y las deficiencias ya han pasado grave y grande factura a la ciudadanía ya que, ni la infraestructura alcanza, el personal médico y de salud está limitado en sus funciones por carecer de insumos y el desabasto de medicamentos no distingue entre el estado y la federación.
Mientras podemos a priori confirmar que la deuda histórica que aduce la congresista, existe; también se puede acusar de incongruencia y falta de coherencia a las y los legisladores del PAN porque esta batalla de acusaciones y señalamientos tuvo como principal arena el Congreso estatal.
Porque no señalan la deuda millonaria a Pensiones Civiles del Estado (PCE); sin embargo, los Servicios Estatales de Salud abarcan mucho más que eso, incluyen también a personas derechohabientes y beneficiarias de la UACH, ICHISAL, Revolucionarios (personas reconocidas como herederas en línea directa de combatientes de la Revolución Mexicana en nuestro estado) y MediChihuahua.
Es decir, toda aquella persona que trabaja para el gobierno estatal y la Universidad que no se encuentran adscritas en PCE y el resto de la población que no cuenta con un servicio médico en el sistema federal.
En esta parte, se abre un paréntesis para acotar que un porcentaje bastante amplio, la mayoría del personal de diversas entidades de la administración pública estatal no cuenta con ningún tipo de servicio médico por la modalidad de contrato con el que ingresan a “laborar”, puesto que no se reconoce la relación obrero-patronal, sino se consideran en un esquema de prestación de servicios profesionales, violando sus derechos laborales y humanos.
Pues bien, este tipo de servicios médicos ofrecidos por el gobierno estatal ha venido erosionando su calidad y viendo mermados los servicios que presta.
Y para ejemplificar, me refiero específicamente a la UACH, que entre el regateo de estudios médicos, análisis clínicos, el incremento de la tramitología para acceder a simples consultas médicas o dentales que requieren procedimientos específicos, niegan desde rellenos dentales, medicamentos con el pretexto de que las y los médicos recetan en dosis distintas a las permitidas en el cuadro básico hasta la negativa de cubrir la totalidad de lo necesario requerido en cirugías o intervenciones en el hospital con el pretexto de que faltan documentos o autorizaciones previas a ser realizados y de modo posterior, “ya no hay nada que hacer”.
Todo, por negar el servicio y medicamentos y de esa forma, cargar a las personas trabajadoras con el costo -quizá no en su totalidad; pero si en buena medida- de los mismos y generar un ahorro que de “modo hormiga” puede resultar significativo para la administración financiera de la Universidad; puesto que, ya no se subroga absolutamente nada.
El detrimento comenzó a notarse al inicio de la administración de Javier Corral, que de fondo fue quien inicio la pugna con el gobierno federal que prevalece al día de hoy y que ha sido llevada al extremo del colapso en el actual gobierno; cabe mencionarlo porque pareciera olvidarse y en los dimes y diretes no se asignan las responsabilidades donde van y eso abona en detrimento de la situación y más cuando, pareciera que nadie asume el encargo que constitucionalmente le fue asignado dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones que le corresponden para subsanar unos de los derechos humanos más fundamentales que existen como lo es la salud.
Dentro de las atribuciones del Congreso estatal si se encuentra resolver, en parte no en su totalidad, el conflicto del adeudo de PCE y la UACH, se pudiera comenzar por ahí.
Pero en vía de mientras, la UACH tendría que seguir brindando servicio médico de calidad a sus empleadas/os/es garantizando lo necesario en consultas con medicina general, especialistas, análisis clínicos, estudios y tratamientos odontológicos; porque si requieren una reorganización de ingeniería financiera no tendría que recargarse esta en el bolsillo de quien ahí labora.
@marielousalomé
1.https://soychihuahua.mx/nota/senala_diputada_de_morena_al_prian_por_deuda_historica_en_salud_en_chihuahua_147
