Chihuahua, Chih.
El 17 de octubre de 2019, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional intentaron ejecutar la aprehensión de Ovidio Guzmán en Culiacán.
El operativo falló por la enorme resistencia encontrada, que dio origen a lo que se llamó el «Culiacanazo», luego se conocería como el ‘primero’.
Las fuerzas armadas intentaron ejecutar una 'Orden de Detención Provisional con fines de Extradición’ en contra de Ovidio, es decir, la misma herramienta jurídica usada para pedirle al gobierno de Claudia Sheinbaum la detención de Rubén Rocha y 9 de sus colaboradores y ex colaboradores.
Al día siguiente del fracaso, el General Secretario, Lus Crescencio Sandoval, relató en la conferencia mañanera del entonces presidente López Obrador, el sustento basado en el Tratado de Extradición y las fechas de la petición.
En la relatoría jamás mencionó la palabra pruebas, como ahora la presidenta lo hace todas las mañanas, tercamente:
13 de septiembre: EE.UU. solicita la orden de detención provisional con fines de extradición.
25 de septiembre: la FGR pide a un juez autorización para detenerlo.
17 de octubre: ejecutan el operativo fallido.
La corte federal que lo requería emitió el 6 de julio de 2018 una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Guzmán López, a quien señaló como responsable de la red de tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana desde México hasta el territorio norteamericano.
Varios años después, en medio del ‘Segundo Culiacanazo’, el 5 de enero de 2023, Ovidio fue aprehendido y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, fecha en que fue capturado al norte de Culiacán en el poblado Jesús María, con base en la orden de detención provisional con fines de extradición.
En cuanto fue ingresado al penal, un juez federal mexicano ordenó la prisión preventiva con fines de extradición a Ovidio Guzmán, y le notificó al gobierno norteamericano que contaba con 60 días (tal y como lo dice el Tratado) para presentar la documentación de extradición, las famosas pruebas que tanto exige la presidenta pero sin detener a los acusados.
Hoy todo parece echársele encima a la presidenta.
La decisión del ex fiscal de Sinaloa, el General en Retiro Gerardo Mérida y de Enrique Díaz, ex Secretario de Finanzas de Rubén Rocha, dos de los ’10 extraditables’,de entregarse a la justicia norteamericana, echa por tierra la larga perorata presidencial de no entregarlos sino hasta que los norteamericanos le mostraran las pruebas.
Ahora, esas pruebas, los dos exfuncionarios de Rocha las presentarán directamente (y les mostrarán las recopiladas por los órganos de seguridad de los EEUU), amén de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Secretario de Hacienda de Sheinbaum, ha ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de los 10 ‘extraditables’
¿Cómo, entonces sí los van a entregar?
De veras que adentro del gobierno de Claudia deben tener una lectura muy negativa del curso de los acontecimientos pues, ni Mérida, ni Díaz, quisieron jugársela a la realización de un juicio de extradición, aquí, en México, del que podrían, eventualmente, salir airosos.
¿O, ante la posibilidad de un atentado, prefirieron la tangible realidad de convertirse en colaboradores del gobierno norteamericano?
Como siempre, en los últimos años, siempre hay un video, en este caso el del relato del Gral. Sandoval, detallando, paso a paso, el modo en el que le dieron cumplimiento a la petición de los EEUU.
No lo podrán desacreditar, se efectuó en la mañanera de AMLO.
Lo encontrarán aquí.
En muy diferente momento los morenistas efectuarán su marcha para pedir el juicio político contra la gobernadora.
La entrega de Mérida y Díaz es la viva confesión de culpabilidad, de ellos, y de los demás.
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