Chihuahua, Chih.

Ocurrió hace más de un año. Karla Estrella -ni periodista, ni activista ni figura pública: ciudadana lisa y llana- enunció en redes sociales una razonable conjetura. No era temeraria, no era absurda. Supuso la dimensión del berrinche de Sergio Gutiérrez Luna -diputado guinda- para que su esposa -DATO PROTEGIDO- fuera incluida en las candidaturas oficiales del partido en el poder.

En reducidos caracteres, la ciudadana consignó una intuición colectiva. Materializó un fantasma, hasta entonces, tácito.

La reacción fue una transposición. DATO PROTEGIDO desfiguró el caso y acusó a Karla Estrella de violencia política de género. La mujer ha afirmado que debo mi candidatura a mi esposo, invisibilizando mi trayectoria y formación académica, acusó. DATO PROTEGIDO hizo pasar la conjetura como agravio.
Sin barreras para lo insensato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el desatino. Que todo aquello era violencia política de género y que Karla Estrella debía disculparse en treinta ocasiones con DATO PROTEGIDO.

El fallo ha sido recibido con merecido espanto.

Como artífices del esperpento nombro a tres.

Primero -claro está- a DATO PROTEGIDO. En su intento por silenciar una sospecha, terminó por revelar aquello que negaba: que su investidura no se sostiene en el mérito, sino en la sombra protectora de su vínculo.

La segunda responsabilidad recae en los tribunales -federales y locales- cuya lectura de la violencia política de género ha dejado de ser jurídica para devenir en herramienta de castigo. Bajo esa hueca bandera han sido hostigados periodistas como De Mauleón y Álvaro Delgado, así como ciudadanos como Karla, Laisha Wilkins y Miguel Meza. Éste último fue acusado por un hombre.

En el caso de DATO PROTEGIDO, los jueces eligieron la ceguera ante lo más elemental. Que la afirmación de Karla no fue injuria sino crítica al poder: un juicio de abajo hacia arriba. La forma más básica de libertad. De democracia. Una forma de nombrar lo incorrecto.

Así fue que los jueces -con la salvedad de Reyes Rodríguez y Janine Otálora, quienes se abstuvieron de convalidar el despropósito- legitimaron la infamia. Al tiempo, eligieron una sanción tan injusta como desproporcionada.

El tercer responsable -que es, en rigor, el primero- es estructural. Me refiero a la invención de una criatura conceptual tan ambigua, tan maleable, como la violencia política de género. Lo que nació como herramienta emancipadora -una conquista del feminismo para proteger a las mujeres que irrumpen en la arena pública- terminó siendo otra cosa. Novedoso instrumento de opresión.

La criatura devoró a su creador: Mujeres necias que acusáis a otras mujeres sin razón. Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.

Al querer abarcarlo todo con la categoría de violencia política de género, renunciamos al matiz -la posibilidad de distinguir lo similar de lo distinto- y creamos un concepto totalizador. Un paraguas que ahora nos sorprende que cubra tanto: ambigüedades, discrepancias, genuina crítica.

El derrotero sensato de nuestro esperpento es doble: legislativo y jurisdiccional. Revisar la figura, repensar sus contornos, redefinir la autoridad responsable, resucitar el matiz.

Concluyo celebrando que, en esta feria del absurdo, algo bueno logró colarse: lo que se intentó ocultar -el nombre, el cargo, las redes de influencia y el abuso de poder por parte de DATO PROTEGIDO- terminó por hacerse público. Muy público. Hoy sabemos su nombre, su relación conyugal, su ética y el alcance de sus tentáculos.

Lo sabemos también: votó para blindar a Cuauhtémoc Blanco en su juicio de desafuero.

No hace falta decir más.

@vannessarr

*Publicado por Reforma el 19 de julio de 2925