Chihuahua, Chih.

No terminaban de apagarse las diatribas de los senadores de Morena en contra de la gobernadora, Maru Campos, —por no haber asistido a la ‘invitación’ que le hicieron para dar información sobre el decomiso en el Pinal y la presencia de los agentes de la CIA— cuando una bomba política les estalló en medio de la sala:

La acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en contra del gobernador, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, por coludirse con el Cártel de Sinaloa.

Triste paradoja enfrenta hoy la 4T.

Un día antes se lanzaban con todo acusando a Maru Campos y a César Jáuregui, por haber ‘traicionado a la patria’, porque ‘violaron’ el artículo 40 de la Constitución, el cual señala claramente que quien comete ese acto, es porque es «lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco (se) consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicable».

Nada de eso constituyó el decomiso del narco-laboratorio, localizado en el Pinal, Morelos; al contrario, se trataba de uno de los decomisos más grandes del país, si damos por buena la información del General Secretario Trevilla Trejo, en el sentido de que ‘había 64 más grandes que ése’.

Po’s sí, pero aún así es uno de los mayores de los más de 2 mil 500 laboratorios de narcóticos decomisados en la presente administración.

El golpanazo dado por la administración Trump hace que se quede atrás —por ahora— la polémica sobre si la gobernadora Campos y la presidenta Sheinbaum sabían o no sobre la presencia de los agentes de la CIA en el operativo de El Pinal, por la magnitud y los antecedentes de la añeja relación de Rubén Rocha con el Cártel de Sinaloa.

Y con muchas evidencias en el camino.

Una de ellas, su respuesta a una pregunta en la entrevista concedida a Carlos Loret de Mola, como candidato al gobierno de Sinaloa, en la que todos, afirmó, los candidatos al gobierno de Sinaloa tenían que pactar con el crimen organizado para acceder al gobierno.

Otra es la investigación de la Fiscalía General de la República, a raíz de las denuncias efectuadas por una carta del ‘Mayo’ Zambada, en su juicio, en la que aseveraba que él había sido citado para participar en una reunión con el gobernador Rocha Moya y con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, a fin de dirimir las agudas y ríspidas relaciones existentes entre ellos, que habían causado un serio conflicto en esa institución educativa.

La indagatorias demostraron que, efectivamente, en ese lugar existían evidencias del asesinato de Melecio Cuén, que contradijeron la versión de la Fiscal de Sinaloa, que en los hechos actuaba como subordinada de Rocha Moya, y que mediante un montaje intentó demostrar que Cuén había fallecido en un asalto en una gasolinera, cuando ya había sido ejecutado.

Los hechos eran del conocimiento público pero, una y otra vez, el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, lo defendieron de las crecientes versiones que lo hacían aparecer como un inminente acusado por el gobierno norteamericano.

Todavía dos días atrás, cuando la Presidenta fue interrogada sobre este tema, como si ya tuviera alguna información, respondió que todas las acusaciones en contra de mexicanos o de funcionarios mexicanos tendrían que ser acompañadas de pruebas.

Ayer el Departamento de Justicia de los EU ha puesto al gobierno de Claudia Sheinbaum en el predicamento de actuar congruentemente.

Unas horas atrás, linchaban a una gobernadora de oposición, hoy tiene que explicar, no sólo al gobierno de Estados Unidos, sino fundamentalmente a la sociedad mexicana de las acusaciones en contra de los sinaloenses, a la que flaco favor le hacen a la 4T, personajes como Rocha Moya, quien afirma, sin ningún sustento, que la acusación en su contra es contra el movimiento que dirige la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Solo queda una duda:

¿Saldrá de su retiro Andrés Manuel López Obrador para defender a Rocha Moya?

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