Chihuahua, Chih.
Lo negarán, pero no hay coincidencias en materia política, nunca, menos en los tiempos que corren.
Decidida, la presidenta, a tratar de empatar en la percepción popular, la supuesta ‘traición a la patria’ cometida por la gobernadora Maru Campos, con la acusación norteamericana en contra de Rubén Rocha y sus ‘coequiperos’, los «Extraditables de Sinaloa», lanzó una batería de acciones en contra de la gobernadora chihuahuense: Además de los citatorios que ya le había enviado la FGR tanto a ella, como al ex fiscal César Jáuregui, a las que le agregó la presentación de la petición de juicio político por los diputados locales y hasta un nuevo citatorio, a causa de una denuncia de Javier Corral en contra de la mandataria, ¡Por secuestro!
En esta última agregaron al Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, a pesar de que ya la Fiscalía de la CDMx la había desechado.
De repente, como por arte de magia se juntaron todos esos eventos judiciales o prejudiciales.
Casi al mismo tiempo los ‘Extraditables de Sinaloa’ fueron citados a unas ‘entrevistas’ en la FGR en Culiacán, sin que hasta el momento hayan informado en calidad de qué.
¿Cómo, si tienen el carácter de imputados por la justicia norteamericana?
A pesar de que casi todos los eventos ahora referidos tienen una elevada carga de gravedad, por distintos motivos, uno los rebasa: El gobierno de la presidenta Sheinbaum está violando varias normas y tratados internacionales, entre ellos el de extradición firmado con los EEUU y el acuerdo internacional del que derivan las fichas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) a la cual México se adhirió en el año 1956.
El gobierno mexicano, ante la solicitud norteamericana de detención provisional, con fines de extradición en contra de los 10 sinaloenses estaba obligado a detenerlos, ponerlos bajo la autoridad de un juez federal y con ello se iniciaría el proceso que tanto clamó la presidenta (pruebas, pruebas, pruebas), las que los EEUU tenía un plazo de 60 días para presentarlas, no ante la presidenta, sino ante el juez.
No terminan ahí los graves yerros presidenciales.
Claudia Sheinbaum es la que dio a conocer que los extraditables tienen ficha roja de la Interpol, lo que obliga a los estados miembros de este organismo policial internacional, a detenerlos y posibilitar lo que establece el tratado de extradición, en este caso, con los EEUU.
Pueden alegar hasta el infinito, pero están obligados a detenerlos. No hacerlo no ‘empata’, en la percepción ciudadana, con las acusaciones en contra de Maru y Jáuregui; todas las encuestas y sondeos así lo muestran.
¿Será que para ellos es más importante no entregar a Rocha, que la abrupta disminución de las preferencias electorales por Morena?
¿Cómo va a ser más importante no entregar a Rocha que poner en riesgo su hegemonía en la Cámara de Diputados el próximo año?
Y mientras se hunden aún más en ese lodazal (sí, porque el comentario más generalizado es el de que están defendiendo a ‘narcos’), empiezan a sufrir algunas consecuencias, no tan desechables pues, por un lado, la presión del gobierno de Trump por momentos se vuelve asfixiante y, por el otro, al atacar del modo en que lo están haciendo a Maru Campos, hace que un buen número de ciudadanos, que no tienen decididas sus preferencias electorales puede que lo haga en función de lo que ahora analizamos.
Pareciera que esas dos consecuencias los están haciendo (¿O la están?) perder el control.
¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
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