Chihuahua, Chih.
Podrán argüir lo que quieran, pero la labor de destrucción de las figuras y organismos pensados para desarticular el presidencialismo del viejo régimen ha casi concluido.
En su lugar, de a poco, o de a mucho, se construye una nueva faceta del presidencialismo.
Es el mismo, pero diferente.
Al igual que su antecesor, el objetivo es acaparar el uso y ejercicio del poder.
La fórmula es sencilla, lo que pretenden es más gobierno y menos sociedad.
En ese proceso de regresión, en Chihuahua les faltan dos organismos, esenciales para la vida democrática sí, la de la democracia liberal, en la que vivimos y que ahora se pretende, desde el poder, acotar aún más:
El Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública (Ichitaip) y el Instituto Estatal Electoral (IEE).
De acuerdo con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, aprobadas en los primeros meses de Claudia Sheinbaum, todos los organismos autónomos (con la excepción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en manos de Rosario Piedra Ibarra, que desde entonces sirve menos que en los gobiernos del viejo régimen) deberían desaparecer y sus funciones atraídas por las dependencias del gobierno federal, o los gobiernos estatales en las entidades federativas, mediante la ‘homologación’ de las legislaciones estatales ordenadas por las reformas constitucionales aprobadas.
Esa debería ser la ruta que siguiera el Ichitaip y, con la reforma electoral que se aprobará en febrero próximo, el IEE en los próximos meses del presente año.
Pero en Chihuahua ambas modificaciones-homologaciones tropezarán con un verdadero problema -para los ‘morenos’ gobernantes en el país- que ambas deben ser aprobadas por el Congreso local por mayoría calificada -pues son reformas constitucionales- que ni Morena ni el PAN tienen.
Y que, para aprobarse, deben recurrir a una herramienta desconocida para los gobernantes en México desde el 2018: El arte de negociar con los distintos, o lo que es casi lo mismo, con los adversarios políticos.
O no lo saben hacer, o, de plano, están impedidos de hacerlo porque creen que tienen el respaldo de una avasallante mayoría y que, por tanto, por su voz se expresa el ‘pueblo’
Una cosa son las calificaciones obtenidas por la presidenta en los sondeos efectuados hasta ahora, pero que estos mismos ejercicios demoscópicos muestran una tendencia decreciente, ya muy sostenida, en las preferencias obtenidas por Morena.
Algo de eso ya deberían saberlo pues en las elecciones del 2024 sus diputados obtuvieron el 54% de los votos y los opositores el 46%.
Mayoría aplastante no lo fueron y en 2027 se aprecia una contienda -en este poder- más apretada.
Por lo tanto, para obtener aprobaciones legislativas estarán obligados a negociar con los “conservadores”, a los que han llegado, incluso, a catalogarlos como ‘traidores a la patria’.
Menudo problema.
Y no es que sus adversarios sean unas ‘blancas palomitas’; han gobernado, incluyendo a los muchos priistas y panistas llegados a Morena, y los fundadores de este partido, en las últimas tres décadas.
Ninguno lo ha hecho bien y para quienes defienden a ultranza a Morena, baste ver los múltiples problemas estructurales que sufre la urbe gobernada por ellos, la CdMx, prácticamente desde 1997 ¡Casi 30 años!
Más aún, ambas fuerzas -PAN y Morena-, en el caso de las reformas electorales en Chihuahua, tienen un problema mayor, el tiempo.
Sí, porque, para aprobarse, además de que sea por mayoría calificada, deberán estar vigentes a más tardar el 1 de julio, porque el proceso electoral inicia el 1 de octubre y todas las modificaciones electorales -dice la Constitución local- deberán aprobarse tres meses antes del inicio del proceso; por lo tanto, la fecha fatal para ello es el 30 de junio.
¿Y si lo aprobado en el orden federal no es del ‘gusto’ de la mayoría local, o peor aún, -para la 4T- que no sea del agrado, tampoco, de los otros integrantes de ella, el PT y el PVEM?
P’os entonces no se aprobará en esos plazos y, por tanto, deberá aprobarse, si así sucede, hasta pasadas las elecciones del 2027; que deberán efectuarse, por tanto, con el actual marco legal, salvo las modificaciones que se le hagan en estos meses.
Ahora bien, si las modificaciones federales no afectan a lo central de la actual legislación electoral, que la oposición y la academia han expresado como contrarios a los avances democráticos en esta materia (plurinominales, elección de consejeros electorales, financiamiento, etc.) entonces, con seguridad, esa reforma avanzaría en el ámbito local.
Pero si la presidenta insiste en ahondar en la regresión electoral, entonces los actuales gobernantes chihuahuenses serán sometidos a una intensa presión en la que serán acusados de obstaculizar el ‘avance’ de la democracia.
Pero no tendrán otras opciones, porque, independientemente de quien emerja triunfador en la contienda a gobernador, el panorama más seguro que tendremos después de la elección del próximo año es que las dos fuerzas mandonas en Chihuahua tendrán números, en diputados locales, muy semejantes a los de ahora, es decir, ninguno, por sí solo, podrá aprobar reformas que requieran mayoría calificada, de dos tercios de los diputados presentes.
Todo ello a menos de que se repitan los episodios en los que, sorpresivamente, algún legislador se ‘tarda’ más de lo debido en el momento en que se convoca a una votación en el pleno del Congreso del Estado.
¡Está fácil, pónganle cámaras en los baños, activadas con detección de movimientos!
Bueno, pues en el caso de la ‘desaparición’ del Ichitaip, el problema es semejante y por ello no se ha efectuado la ‘homologación’ ordenada por la reforma constitucional.
O se ponen de acuerdo en el contenido y alcance de la modificación constitucional, o no se concretará.
La cuestión es que las concepciones sobre la figura legal que sustituya al Ichitaip son muy diferentes.
Mientras que los de la 4T pretenden que sus funciones sean asumidas por una dependencia del Poder Ejecutivo, como sucede, ya, en el ámbito federal, es decir, que los funcionarios y dependencias objeto de la observación ciudadana, responsables del ejercicio presupuestal serán, al mismo tiempo, los que decidan si los ciudadanos tienen acceso, o no, a la información pública que tienen en sus manos.
Pongamos de ejemplo un caso: Un ciudadano le pide a la presidencia de la república el monto del gasto mensual en sitios de las redes sociales, así como las empresas contratadas, además de los contratos firmados.
La presidencia no le otorga esa información y entonces el ciudadano recurre a la Secretaría de la Función Pública, dependencia ‘encargada’ de hacer valer el derecho del ciudadano al acceso a la información pública, pero resulta que la titular de la dependencia tiene como jefe inmediato superior a la Presidenta de la República.
¿Le otorgarán al ciudadano la información solicitada?
Bueno, en el breve lapso de tres meses, de mayo a agosto de 2025, el organismo ‘Transparencia para el Pueblo’, que reemplazó al INAI había recibido 2 mil 253 inconformidades y «el 99.6% de ellas se clasificaron como improcedentes». (Nota de Andrés García, Infobae, 7/8/25). (*1).
¡Excelente promedio, casi el 100% de las solicitudes fueron desestimadas por el ‘órgano’ garante de los derechos de los ciudadanos!
En cambio, los del bloque gobernante en Chihuahua proponen un organismo que, si bien siguiendo las directrices generales de la reforma que desaparece a los organismos autónomos, posea un cierto grado de autonomía, lo que le permitiría continuar, con una disminución de las facultades y alcances del que ahora se pretende desaparecer.
Pero si no negocian, no obtendrán mayoría calificada, en ningún sentido, y entonces deberán esperar hasta el resultado de las elecciones del próximo año, con la ilusión de alcanzar, cualquiera, la tan ansiada mayoría calificada en el Congreso, lo que significa ganar 22 diputaciones, por ambos principios, de mayoría relativa y plurinominales.
Se antoja difícil.
Y ahí se le aparece una paradoja a Morena:
Si se aprobara como dice la reforma federal -que la ‘transparencia’ esté bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo- ¿Estarán de acuerdo en que algún funcionario de Maru Campos sea el responsable de ella?
Más difícil.
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