Chihuahua, Chih.
En memoria de Javier Félix, uno de los históricos de la izquierda chihuahuense, fundador de Morena y primer candidato a gobernador de este partido, en 2016. Activo participante de las jornadas del ‘Verano Caliente’ de 1986. Compañero y amigo de muchos años, debatiente eterno. El viernes se nos adelantó.
Aunque la frase sea criticable es, quizá, la más descriptiva del senador morenista y ex gobernador del estado, Javier Corral.
La lanzó la gobernadora Maru Campos, como si fuera una frase trivial, de broma que se le comparten a los amigos en corto: «Javier Corral es tan cobarde que se esconde detrás de cualquier falda». (Nota de Ismael Carrillo/El Diario, 16/1/26).
Pues no de cualquier falda.
La frase no tiene nada de trivial, en realidad es una dura crítica o a la presidenta Claudia Sheinbaum y/o a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, pues no es casualidad que el mismo equipo que se encuentra en la FGR es el que impidió la ejecución, en un restaurante de la CdMx en agosto pasado, de la orden de aprehensión en contra de Corral, quien ya era senador electo.
Tampoco que una decisión de esa envergadura fuera tomada sin, por lo menos, avisarle a quien era, ya presidenta electa.
Impidieron la ejecución de una orden de aprehensión, en la que estaban colaborando.
Bastó que Corral hiciese una llamada y que la persona a la cual llamó el exgobernador, lo hiciera con Ulises Lara (el sustituto de Godoy, cuando ésta se fue a la FGR) para que la gente de éste impidiese la detención de Corral.
Siempre quedará la duda ¿Qué tan alto nivel era el cargo de quien le ordenó a Lara que no detuvieran a Corral?
Pudo haber sido de lo más alto ¿El presidente López Obrador, la ahora presidenta, la fiscal de ahora -que era la fiscal de la CDMx-, el fiscal Gertz Manero?
Pero todo eso queda atrás con la frase de la gobernadora, está atrás de unas faldas y la expresión no tiene otra interpretación, o es la presidenta o es la fiscal.
Es decir, volvemos a lo mismo, quienes están en el poder protegen a los suyos, así sean de última adquisición y no importan las credenciales o antecedentes que porten, basta con alinearse a la 4T y en ese momento, en automático, son exonerados, ‘limpiados’ de todos los ‘pecados’ que hubiesen cometido.
El manto de impunidad, frase que frecuentemente usaba el ex gobernador para referirse, tanto a César Duarte, como a la gobernadora campos, es el que ahora está usando para no responderle a la justicia chihuahuense.
Tan efectivo ha resultado que le permitió, no solo impedir la detención, sino que logró lo nombraran presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
Tanto la razón de la presente colaboración editorial, como la frase de la gobernadora se originaron porque un Tribunal Colegiado resolvió atraer la causa en contra de Corral al ámbito federal, por un delito de peculado.
En voz de los defensores, la solicitud se «sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a lą justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua». (Comunicado de prensa del Despacho Schütte & Delsol abogados, 10/1/26).
Insisten en ese argumento, no en otros que fueran al fondo de la causa en contra de Corral.
Alegan que «ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos. La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho». (Ibídem).
No hay motivo de duda, ha sido la FGR la que solicitó se ejerciera la facultad de atracción, dos jueces federales y recientemente el Tribunal Colegiado han resulto ordenarle a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que entregue el expediente a la instancia federal, porque Corral acusa a la Fiscalía chihuahuense por motivaciones políticas.
Pero resulta que los dos funcionarios, protagonistas de esta causa, el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, y el auditor Superior del estado, Héctor Acosta, fueron, en su momento, funcionarios en los que Corral confiaba, el primero en la Contraloría y el segundo, nombrado bajo el patrocinio del entonces gobernador, a quien conoció en su paso anterior por la Cámara de Senadores, entonces por el PAN.
Más aún, la causa fue levantada cuando Corral aún era el gobernador.
¿Dónde está la motivación persecutora?
El problema es que Corral -y su Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez (hoy prófugo)- contrataron un despacho fiscal para que asesorara al gobierno de Corral en el refinanciamiento de una parte de la deuda pública de Chihuahua entre 2019 y 2020. Lo hicieron a pesar de que Hacienda del Estado contaba con un equipo jurídico especializado en esa materia.
No les importó, contrataron al despacho externo y le pagaron casi 100 millones de pesos. El auditor encontró irregular esa contratación.
El Gobierno de Corral dispuso de un fideicomiso formado con recursos federales (parte de las participaciones federales) para pagar al despacho ‘López Elías Finanzas Públicas, S.C.’ y los contratos bancarios de reestructura de la deuda.
La ASE encontró que el despacho no llevó a cabo ningún trabajo y se le pagaron 98,6 millones de pesos.
De ahí se derivaron las acusaciones de presuntos actos de corrupción tanto al exgobernador como a su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y al titular del despacho contratado, José López Elías.
Corral recurrió a la FGR, un juez federal declaró la competencia de la Federación para conducir el caso y un Tribunal Colegiado la confirmó la semana pasada.
Sin embargo, el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, se ha negado hacerlo pues sostiene que es «absolutamente irregular» la forma en que la federación ha llevado la investigación pues, alega, se trata de un expediente que está suspendido y cuya atracción fue a partir de una audiencia -que calificó como ‘furtiva’- entre un agente del Ministerio Público Federal y un juez federal.
Informó que el despacho denunciado -que alega no se le ha permitido acceder al expediente- fue requerido durante tres años por la ASE «para comprobar los servicios contratados, sin que presentara evidencia alguna».
Ahora, para combatir la resolución del Tribunal Colegiado, la Fiscalía Anticorrupción elevará el recurso de reclamación ante la SCJN.
En lo que no hay duda es sobre la procedencia y jurisdicción de los recursos económicos -efectivamente una parte proviene de las participaciones federales- pero que, según el marco legal vigente, son de ‘libre disposición’, es decir, que al otorgarse por la Secretaría de Hacienda (Federal) adquieren el carácter de recursos estatales y, por tanto, todos los asuntos relacionados con su manejo son de la competencia estatal.
Cómo cambian las cosas, en el pasado, cuando el exsecretario General Adjunto del PRI, Alejandro “La Coneja” Gutiérrez Gutiérrez, uno de los primeros detenidos en la gubernatura de Corral, acusado del desvío de 250 millones de pesos, solicitó que su caso fuera atraído por la justicia federal, Corral lo criticó acremente; ahora, por una acción semejante, se ha convertido en beneficiario.
Es lo mismo, no hay diferencias.
Quien sabe, a lo mejor sí, ahora vamos en el sentido negativo, en plena regresión democrática, aunque no lo acepten los que ahora gobiernan, en unos días más pretenderán dar una vuelta de tuerca más a ese proceso con la reforma electoral.
Lo increíble es que algunos de los aspectos más regresivos de la reforma electoral lanzada por Sheinbaum vayan a ser detenidos por los partidos aliados de Morena, el PT y el Verde, no a causa de las motivaciones democráticas de estos partidos, sino porque en el reparto de dinero, diputaciones y poder están los verdaderos motores de su accionar político.
Ojalá fueran los únicos que actuaran de ese modo.
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