Chihuahua, Chih.

Mes y medio después de que Joaquín Guzmán López secuestrara y entregara al gobierno de los EEUU a Ismael "El Mayo" Zambada, el 9 de septiembre de 2024, estalló la guerra entre los descendientes de cada uno de los jefes ‘mayores’ del Cártel de Sinaloa, El Chapo Guzman y El Mayo Zambada.

Ante los primeros muertos, cosa de dos días, el gobierno federal inició el envío de cientos elementos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, a ellos se sumó el recién desempacado secretario de Seguridad del nuevo gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuestión de semanas llegaron a Sinaloa, pero la mayor parte concentrados en Culiacán, más de 13 mil soldados. La guerra siguió.

El gobernador Rubén Rocha ni se inmutaba, ya había recibido el apoyo del presidente López Obrador y cuando éste se fue, también el de la presidenta.

No se conmovía frente a las múltiples manifestaciones de los culiacanenses y mazatlecos, perdidos entre las balaceras, el cierre de negocios y los toques de queda ordenados por la violencia desenfrenada, al tiempo que decenas perdían sus vehículos, sus negocios, familiares y amigos.

Nada conmovía al gobernante, tampoco a los de la CdMx.

Luego de casi dos años los saldos son escalofriantes, con estadísticas que ponen los pelos de punta, por su número pero, sobre todo, por la extrema insensibilidad de los gobernantes.

De acuerdo con el recuento diario efectuado por el periódico Noroeste, en Sinaloa, en ese período, han asesinado a más de 3 mil 500 personas, al tiempo que más de 3 mil 600 han sido desaparecidas.

Terroríficas cifras, más si se reflexiona en un aspecto que concita mayor indignación: Que sean más los desparecidos que los asesinados, además de, por supuesto, de las indignantes cifras de ambas tragedias.

A lo anterior deberá sumarse el robo, la mayoría a mano armada, de cerca de 12 mil vehículos robados.

Ese es el saldo del gobernante con licencia, Rubén Rocha, ése que encarna, en la versión de la 4T, la soberanía nacional.

La opción de no entregarlo y enjuiciarlo aquí, acariciada por la presidenta y sugerida por el ex presidente, se cae por su propio peso pues ni una sola orden de aprehensión, ni una sola investigación tiene en su contra Rocha.

Vamos ni siquiera la de la muerte de Héctor Melesio Cuén, en la cual, hasta existe una investigación de la FGR.

Cruel dilema el de la presidenta, si extradita a los acusados, su discurso de presunta defensa de la soberanía nacional se caería a pedazos ante sus simpatizantes y muchos de sus compañeros se molestarían bastante;  y si no lo hace, enfrentará la oleada que los gobernantes gringos se cansan de anunciarle.

Tienen otro problema y que es el de los aspirantes que pueden quedarse fuera por sus vínculos con el narco, o si son señalados por EEUU.

El problema de la presidenta es uno solo: Confundir la defensa de los extraditables, con la defensa de la soberanía.

Se equivoca de cabo a rabo.

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