Chihuahua, Chih.

Tres casos obligan a preguntarse si Morena no empieza a alejarse de sus principios.

Decía Andrés Manuel López Obrador que ser de izquierda es mantenerse anclado en ideales y principios, sin desdibujarse ni zigzaguear.

El primero es el tratamiento que se ha dado a Somos México, un partido que, guste o no, logró constituirse siguiendo las tortuosas reglas del sistema electoral mexicano. Caminaron recto y ganaron. Formalizaron su estructura, juntaron más de 256.000 firmas, realizaron 231 asambleas y pasaron por una estricta fiscalización.

Aun así, una interpretación legal del Consejo General del INE les quitó su nombre y logotipo bajo criterios que, de ser aplicados con la misma severidad a otros partidos, casi nadie aprobaría.

La resolución del INE fue, en mi opinión, antidemocrática. Acusaron a Somos México de que su nombre suponía una apropiación simbólica de los elementos identitarios nacionales. Como si el PRI no usara los colores patrios, el PAN no tuviera la palabra “nacional” en su nombre y MC la de “ciudadano”. El mismo nombre de Morena alude al tono de piel de la mayoría de la población.

Algo parecido sucedió con los candidatos independientes que buscaban asociarse en Michoacán. Ya de entrada, debe reconocerse que en México las candidaturas sin partido suelen competir en desigualdad de condiciones, con menos dinero, estructura y exposición mediática que el resto.

Ahora, además de ello, gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia, se les impide asociarse entre sí con el argumento, a mi juicio errado, de que las candidaturas independientes deben ser individuales. Como si independiente fuera sinónimo de solitario.

Decisiones como esta limitan la competencia electoral en un momento en el que esta se requiere más que nunca. No hay razón por la cual haya que proteger a Morena de tener competidores. La izquierda mexicana es capaz de ganar elecciones sin ayuda institucional, sin bloqueo o asistencia.

El tercer caso, quizá el más grave, es el de Ernesto Ruffo. El exgobernador del PAN y líder histórico de la oposición ha sido acusado por la Fiscalía General de la República de ser jefe de una de las bandas criminales de tráfico de combustible más grandes del país. Según dicen, Ruffo es responsable de traficar 800 millones de litros de combustibles equivalentes a un daño fiscal por 5.400 millones de pesos.

El problema es que la acusación parece bastante endeble. Se fundamenta en decir que Ruffo es culpable por ser socio minoritario y secretario del consejo de administración, no de la empresa que importó el combustible, sino de la que le hizo los trámites aduanales.

Sin embargo, en México la ley no atribuye a consejeros o accionistas de empresa la responsabilidad directa por los delitos cometidos por la compañía. Ni obliga necesariamente a una empresa importadora, como la de Ruffo, a verificar el contenido de cada operación que realizan sus clientes.

Tampoco existe evidencia pública de que Ruffo haya obtenido un beneficio económico acorde con el delito que se le imputa.

Por si lo anterior fuera poco, por su edad, la propia ley contempla que el exgobernador debería estar enfrentando el proceso desde su domicilio, cosa que no ha sucedido a pesar de que la defensa de Ruffo argumenta que ya lo ha solicitado (la Fiscalía niega haber recibido el requerimiento). Por una u otra razón, al día de hoy, Ruffo duerme en un penal de alta seguridad, algo que me parece difícil de justificar.

Durante años me han parecido exageradas las descripciones de Morena como un Gobierno autoritario. Defiendo la libertad de la coalición gobernante por cambiar las instituciones con sus mayorías democráticamente adquiridas.

Sin embargo, estos tres casos son sin duda una alerta e invitan a cuestionar si no es verdad que la búsqueda del poder ha hecho estragos en los principios de Morena. La izquierda debe ganar por sus luchas, no por su capacidad de crear laberintos institucionales contra sus contrincantes.

*Publicado por El País el 4 de septiembre de 2026