La salud pública en crisis: El costo humano de la negligencia institucional.

La salud pública en crisis: El costo humano de la negligencia institucional. 7 de febrero de 2026

Mariela Castro Flores

Chihuahua, Chih.

El silencio como política de Estado

En Chihuahua, la salud pública no se mide solo en expedientes, sino en silencios impuestos. Mientras el discurso oficial pregona el bienestar, la realidad en las salas de espera y en las oficinas gubernamentales narra una historia de crueldad sistémica: la de la negativa a servicios de aborto a pesar de ser el embarazo consecuencia de violencia sexual o de ya no ser un delito en la entidad, y la de una familia ódami monolingüe que enfrentó días de angustia y desinformación por la falta de traductores y que derivó en el lamentabilísimo fallecimiento del niño Ángel Ramón Julián Baiza, originario del Rancho Los Julianes.

En un doble atropello a la dignidad y a la información, la Secretaría de Salud condensa hoy sus prácticas más regresivas. No se trata solo de la negación de servicios básicos bajo marcos legales vigentes como la NOM-046; se trata de una ofensiva contra la libertad de prensa para ocultar el abandono institucional. Al presionar a los medios para borrar las huellas de su negligencia, el Estado no solo vulnera uno de los derechos más fundamentales como el de la salud, sino también el derecho colectivo a la verdad, la transparencia y la vida.

Pese a que Chihuahua hizo historia en 2023 al despenalizar la interrupción del embarazo —triunfo blindado en 2024 por la Declaratoria de Inconstitucionalidad 1/2024—, la realidad en las clínicas dista mucho del marco legal. 

Aunque el estado es el segundo en el país en permitir esta práctica sin restricciones, el gobierno actual ha erigido un muro de obstáculos. Esta parálisis institucional no es accidental, sino una táctica para forzar el desistimiento. Afortunadamente, la voluntad de decidir no se quiebra: donde el Estado abandona, las colectivas aliadas sostienen (Marea Verde Chihuahua, Aborto Seguro Chihuahua y Morres Autónomes de Cuauhtémoc), garantizando acompañamientos autoprocurados y seguros; “hasta que no sea legal y haya acceso real” manifiestan junto a Abortistas Mx, con quien litigan para destrabar la posibilidad de realizar los procedimientos en el hospital.

El aniversario de la despenalización no llega con celebraciones, sino con facturas legales para el Estado. Por primera vez, el gobierno de Chihuahua ha tenido que reconocer su responsabilidad en la violación de derechos humanos al cumplir una sentencia de amparo tras negarle el servicio a una adolescente víctima de agresión sexual. Gracias al acompañamiento de las colectivas Abortistas Mx y Marea Verde Chihuahua, la joven obtuvo una suspensión judicial para ejercer su derecho, pero el agravio ya estaba hecho. Esta resolución sienta un precedente vital: la negativa institucional no solo es ilegal, sino que genera un daño que el Estado está obligado a reparar económicamente. Negar un aborto hoy tiene un costo, y las autoridades deben asumirlo.

Por otro lado, resulta indescriptible el agravio contra la familia ódami que derivó en la pérdida de su hijo. El pequeño no recibió la atención adecuada debido a una barrera lingüística que el hospital, por ley, estaba obligado a subsanar y decidió ignorar. Fue gracias a la intervención de un periodista de Raíchali —medio especializado en periodismo multicultural al que expresamente se le solicitó su presencia y apoyo— que la madre pudo comprender, finalmente, la gravedad de la situación: su hijo dependía enteramente de soporte artificial. Lejos de su hogar y sumida en un calvario burocrático carente de toda pertinencia cultural, la familia se vio obligada a tomar la decisión más dolorosa en un entorno que, en lugar de abrazarles, les condenó al aislamiento por la barrera estructural que representa no atender a las personas de acuerdo a su lengua y cosmovisión.

De acuerdo a Raichali: “Este caso expone un vacío crítico en los protocolos de atención a pacientes indígenas en instituciones de salud pública: la falta sistemática de intérpretes y traductores certificados, y las dificultades para integrar a personas no registradas en los trámites administrativos urgentes, incluso en la muerte.”

La labor de acompañamiento e información de Raíchali ha sido respondida con coerción y hostigamiento. Personal de la Secretaría de Salud y de Pueblos y Comunidades Indígenas han presionado para que las notas que documentan la falta de intérpretes en el sistema de salud sean retiradas de todas sus plataformas. Este intento de invisibilizar la negligencia institucional mediante la censura no solo lastima a los pocos espacios de periodismo independiente que existen en el estado, por ser una regresión autoritaria que vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada, atentando frontalmente contra la libertad de prensa y de expresión en la entidad.

Raíchali se ha pronunciado ya rechazando las presiones ejercidas manifestando que sostendrá su compromiso con el periodismo independiente, la verdad y la denuncia de prácticas que limiten los derechos fundamentales y más aún, cuando se trate de comunidades indígenas, desde la página de Territorial - Alianza de Medios

La coincidencia de estos casos no es accidental; es el síntoma de una institución que ha decidido que el costo político de la verdad es más alto que el valor de una vida o la dignidad de una víctima. Negar un servicio de salud legal a una adolescente y permitir que la barrera del lenguaje se convierta en una sentencia de muerte para la infancia indígena son dos caras de la misma moneda: la de un sistema que deshumaniza a quienes se debe, son las derechas en acción.

Desde este espacio, manifiesto mi total solidaridad con el equipo de Raíchali y con las colectivas que sostienen lo que el Estado abandona. Defender la libertad de prensa es, en este contexto, defender el derecho a la existencia misma de las comunidades y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Porque cuando el gobierno intenta apagar la luz sobre sus errores, el periodismo ético y la movilización social a través del activismo local son los únicos faros de justicia que nos quedan. La verdad no necesita permiso, y los derechos humanos no admiten censura.

@marielousalomé

1 https://raichali.com/2026/02/06/fallece-nino-odami-tras-grave-infeccion-cerebral/

2 https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2024/71/2_330436_7103_firmado.pdf

3 https://www.facebook.com/share/p/1AfYWDj1bH/ 

4 https://raichali.com/2026/02/06/gobierno-de-chihuahua-indemniza-a-victima-de-violacion-por-negarle-el-aborto/

5 https://raichali.com/2026/02/06/fallece-nino-odami-tras-grave-infeccion-cerebral/

6 https://www.facebook.com/share/p/1DUx4duwhp/

Mariela Castro Flores

Politóloga y analista política especialistas en género y derechos humanos.