Chihuahua, Chih.
No obstante las frases edulcoradas, o las permanentes de “colaboración institucional”, o hasta las fotos en las que se saludan amistosamente (derivadas de encuentros en los que no faltan las propias del bullying, como que no queriendo, pero sí) lo cierto es que la confrontación entre el alcalde morenista de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la gobernadora, Maru Campos, ha escalado.
Los motivos son variados: Acusaciones de nepotismo en los equipos municipal y estatal; deudas millonarias de pagos de predial; deudas en el pago del agua; los baches; la torre «Centinela», (ya sólo falta, y debe agradecérseles que no lo hayan hecho) el tema de la seguridad pública, etc.
Por momentos, por la forma, pareciera que los temas tratados no son de importancia o que, por la investidura de ambos, no son abordados con la seriedad que debieran pues no se trata de las bromas típicas de dos amigos adultos que pueden darse esos ‘lujos’ pues, a final de cuentas, entre éstos, generalmente, no adquieren relevancia.
No es así para la ‘cosa’ pública, pues los temas abordados por los los dos gobernantes (y algunos de los principales protagonistas de ambos equipos) son de la mayor importancia, o para el total de los chihuahuenses, o para algunos sectores.
El intercambio de acusaciones efectuado por semanas ha develado, además, o el incumplimiento de sus tareas o, de plano, la comisión de irregularidades y el desconocimiento del marco legal de alguna de sus funciones.
Pero, sobre todo, asombra el manejo inusual para tratar a funcionarios que tienen responsabilidades principales y con los cuales están obligados a tratar, colaborar y coordinarse.
Por supuesto que el factor electoral es difícil de evadir, más para dos actores cuyos futuros personales están íntimamente ligados a las próximas elecciones.
Pero ¡Caramba, no son un par de jóvenes peleándose en Tik Tok!
«Veníamos circulando, eh, aquí por Ciudad Juárez y de repente ¡pum! Sentí como que nos habíamos caído en algo, ¿qué creen? Nos caímos en un bache. Nos caímos en un bache de estos que deja la administración municipal del presidente Cruz Pérez Cuéllar, sin tapar y que, desgraciadamente toda la gente de Juárez exclama, grita, exige que, eh, por ser esta una función municipal, se ponga a trabajar en sus baches».
En momentos, Cruz ‘subió’ la respuesta:
«Si en lugar de haber destinado tantos millones de pesos en este mugrero (señalando a la ‘Torre Centinela’) que no le va a servir de nada a los juarenses, hubiera destinado ese dinero a las calles de Juárez, a lo mejor no hubiera caído en un bache».
Por supuesto que las denuncias por nepotismo, sustentadas, son extremadamente serias, que en cualquier nivel de gobierno que se presente fenómeno tan dañino a la administración, al erario y a la ‘buena’ imagen del gobernante, debe ser combatida de inmediato y sin miramientos.
Cruz acusó de tráfico de influencias a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, por la designación de su padre como recaudador de Rentas en Nuevo Casas Grandes. A su vez, la dirigente panista anunció otro caso de nepotismo dentro del DIF Municipal, pues una sobrina de Rubí Enríquez, esposa del alcalde, se desempeña como coordinadora de Comunicación Social.
Pero éstas, y otras, efectuadas solo para responder ‘políticamente’, son desechadas por los ciudadanos que las catalogan (con mucha razón) como parte del juego político-electoral de las fuerzas políticas y que, por mucho que hablen, ¡No pasa nada!
De veras que son inefables nuestros gobernantes.
Desde mayo de 2012 el PAN Municipal de Juárez no paga el impuesto predial.
El último pago efectuado fue el 14 de mayo de 2012, según informó el vocero del municipio juarense, Carlos Nájera.
Pasaron por el Palacio Municipal los alcaldes priistas Héctor Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken; el independiente Armando Cabada (dos períodos) y el morenista Cruz Pérez Cuéllar (dos períodos) sin cobrarle predial a los del blanquiazul.
Pero también se desempeñaron varios como dirigentes estatales y municipales del PAN, algunos de ellos en la administración estatal (o en la anterior) que no pagaron.
Y por ahí está también el PRI juarense, también con un adeudo de alrededor de 5 millones.
¿Porqué no les han cobrado, y si lo han hecho, porqué hasta ahora se hizo público?
Y justamente cuando arreció la ofensiva de Pérez Cuéllar del adeudo panista de los 10 millones, apareció la llanta ponchada del vehículo de la gobernadora, pero no solo, sino también el video exigiéndole al alcalde juarense los repare.
¡Y todo quedó en eso, en dimes y diretes!
¿Qué ganaron los vecinos de Juárez con ello?
¿Porqué, en lugar de ello, no anunciaron -de manera conjunta- de un programa de bacheo, para remediar, en algo, los daños provocados por la lluvia caída sobre Juárez, en dos días, que ‘empató’ los niveles históricos de lluvias caídos en todo el mes de enero?
Ignoro si ambos estén enterados de la existencia de un programa de donaciones de Pemex a los estados y a los municipios de «crudo y petrolíferos», a propósito del cese de los envíos a Cuba.
«Las donaciones de combustibles y asfalto a entidades del país sufrieron una reducción de 43% anual durante el primer año del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según diversos informes publicados por Petróleos Mexicanos». (Nota de Héctor Usla, El Financiero, 27/1/26).
El informe citado por el periódico reveló que las entidades solo habían ejercido el 8.7% del monto autorizado para este año.
Es una joya: «Las donaciones de asfalto sirven para apoyar obras de rehabilitación, pavimentación y/o mantenimiento en vialidades estatales».
Además, hay donaciones de combustible que son para «apoyar la operación del parque vehicular de la administración estatal». Solo San Luis Potosí, en 2025, aprovechó el 100% de los recursos que podría recibir durante el año.
¿Porqué no ha habido -el escribiente ignora si las ha habido- reuniones de ambas administraciones en apoyo a la terminación de la ‘Centinela’, porque más allá de las críticas -muchas de ellas fundadas y reforzadas por el trabajo efectuado por la Auditoría Superior del Estado que insistentemente recuerda que la construcción tiene 3 años de retraso- porque el funcionamiento de la Torre, complementada con el resto del equipamiento del mismo nombre, incidirá en el mejoramiento de la seguridad pública de Juárez?
Y ya montados en la confrontación mediática, otros tantos aportan lo suyo, como el dirigente panista juarense, Ulises Pacheco, quien afirmó que el adeudo viene desde la gestión de Pérez Cuéllar en el PAN.
«Seguramente este impuesto predial fue a dar a los bolsillos del presidente municipal y de su familia, como hoy lo está haciendo con cientos y miles de impuestos de los juarenses». (Nota de Salvador Miranda, El Heraldo de Juárez, 19/1/26).
¿Porqué no ha habido el anuncio de la denuncia presentada por la dirigencia municipal en contra del alcalde, por robo?
Y luego el alcalde Pérez Cuéllar anunció que propondría la ¡celebración de un plebiscito, «para que la ciudadanía decida si únicamente se exige el pago del adeudo o si se procede al embargo y remate de los predios involucrados». (Ibídem).
Po’s no, la obligación de los alcaldes es cobrar el predial, no consultar a la ciudadanía si cumple con sus obligaciones o no.
No insistió en esa idea, ahora el cabildo ha aprobado la celebración del plebiscito para, si el PAN no paga, decidir a qué objeto se dedicarían las propiedades del blanquiazul.
Y la cereza del pastel la ofreció Cruz.
Ante la información de un adeudo del municipio a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, por un monto 20 millones, Cruz afirmó que ese organismo tiene un adeudo de 270 millones de pesos con el Municipio de Juárez por concepto de impuesto predial, «por lo que aseguró es conveniente conciliar entre ambas instancias para pagar sus cuentas pendientes». (Nota de Araly Castañón, El Diario, 23/1/26).
Po’s no, los edificios públicos no pagan impuesto predial, lo establece la Constitucion Política de los EUM:
Art. 115 Const, fr. IV.- «… Sólo estarán exentos (del pago de predial) los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público».
Y faltan largos 16 meses…
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