Chihuahua, Chih.
-A dos años de la extracción del ‘Mayo’, saldo sangriento y crisis de la 4T
-A pesar de las órdenes de aprehensión Rocha Moya y compinches gozan de la plena protección presidencial
-Primero fue Maru, ahora Ernesto Ruffo, la ‘justicia’ como garrote
A fines de 1997, cercanas las fechas para que el presidente Zedillo designase el candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua, el entonces dirigente estatal, Artemio Iglesias, que creía ser el candidato ‘natural’, fue ‘avisado’ que no lo designarían, que se efectuaría una elección abierta a la ciudadanía y que quienes acudieran a ella, aunque no fueran priístas, podrían votar si en el mismo acto se afiliaban al partido.
El entonces diputado federal Patricio Martínez había buscado febrilmente ser el ungido y recibió feliz la noticia. Se dice que el secretario particular del presidente, Liébano Sáenz, ya le había notificado que Zedillo veía con ‘muy buenos ojos’ que él fuera el candidato y «rescatara», para el PRI, el estado de Chihuahua, gobernado en ese momento por el panista Francisco Barrio.
Fue todo un éxito.
El PRI, por vez primera en su historia, acudía a una elección ‘abierta’ o de sus militantes a encontrar a su candidato.
Patricio arrolló a Artemio.
A las 3 de la tarde del día de la elección, la oficina de coordinación de éste permanecía atendida solamente por dos o tres personas.
Enfrente, días después, el PAN llenaba el gimnasio Manuel M. Quevedo y efectuaba, también, un respetable ejercicio democrático, del que saldría triunfador el juarense Ramón Galindo.
El PAN acudió dividido a la elección. El PRI regresó al gobierno estatal.
El PRD, la izquierda electoral de entonces, cerró la elección de su candidato a gobernador al Consejo Estatal. Salieron divididos. Víctor Quintana fue derrotado por Esther Orozco, prima del dirigente estatal, Víctor Orozco.
Un año después, para elegir a su dirigencia estatal, convocó a todos sus militantes. Fue el último proceso electoral interno del que saldrían indemnes, los efectuados posteriormente constituyeron gigantescos fraudes.
El PRD no se recuperaría de ello y se enfilaría a una política entreguista, que culminaría con su activa participación en el Pacto por México, convocado por Peña Nieto.
Muchos de sus militantes fundarían el Morena de López Obrador.
En el Pacto por México participó, también, el PAN dirigido por Gustavo Madero.
Tan largo recuento tiene como fondo que los tres grandes partidos de fines del siglo pasado y la primera década del actual, tuvieron, así alguno de ellos fuera transitoriamente, una más intensa vida democrática.
Todo eso desapareció, el súmmum lo constituyó el nuevo partido, que en su origen se reclamó de ‘izquierda’, Morena.
En lugar de efectuar elecciones para designar a sus dirigentes y candidatos, sobre todo éstos pues toda su actividad partidaria fue casi, exclusivamente, electoral, recurrió a las encuestas, hasta el extremo de catalogarlas, primero López Obrador y luego Claudia Sheinbaum, como ejercicios «democráticos».
¡Híjole!
Sirva todo ese recuento para ilustrar que en el PAN, resuelta por la vía de los hechos la candidatura al gobierno de Chihuahua ya que la ventaja del actual alcalde capitalino, Marco Bonilla, es incontrastable; a lo mejor porque se avizora una competencia —apreciada de ese modo hasta muy recientemente, muy reñida con el morenaje— pues los diversos ejercicios demoscópicos publicados, muestran, ahora, una ligera ventaja de Morena y en otro buen número se aprecian empates ‘técnicos’.
En cambio, la disputa por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua ha alcanzado en el panismo niveles de verdadera competencia y en algunos momentos de extrema rispidez.
Luego que trascendieran varios episodios en ese sentido, sobre todo entre los simpatizantes de los aspirantes y que se difundiera grandemente la especie que César Jáuregui estaba «descartado» de la contienda, la gobernadora debió salir a declarar que «cualquiera puede hacer proselitismo, suerte a quien pueda contender».
Razones no les faltan para que se enconara la disputa, ya que en todas las encuestas, más allá de las que se presumen efectuadas para la propaganda político-electoral, el PAN mantiene una incuestionable ventaja en las preferencias a la alcaldía.
Y esa es su oportunidad.
La de devolverles a los partidos políticos uno de los rasgos esenciales de su existencia, la de contribuyentes de la cultura democrática y, por ese camino, mostrarse como diferente, por lo menos en ese aspecto, que no es menor, al resto de los partidos y, esencialmente, a Morena, al que podríamos, con facilidad, ubicarlo en el lado contrario al de los partidos con una vida interna democrática.
¡Hasta el PRD de principios de siglo era, frente a Morena, el paradigma de la democracia interna!
Pero menudo problema tiene el PAN.
Por un lado, la contradicción entre los criterios anunciados por el presidente Jorge Romero en marzo y los procedimientos establecidos en el estatuto, que marcan por lo menos tres opciones: La elección de los candidatos por los miembros del PAN; la elección abierta a la ciudadanía y la designación por la Comisión Nacional.
El método delineado por la dirigencia nacional no difiere esencialmente del de Morena: «A finales de julio o principios de agosto, se iniciará la fase de selección que incluirá la recolección de firmas, foros y debates. Vamos a pedirles que consigan firmas, vamos a pedirles que tengan foros, debates, amistosos, pero al final debates para contrastar ideas». (Nota de Raúl Mendoza, El Heraldo de México, 25/6/26).
A los aspirantes ganadores del proceso se les extenderá el nombramiento de «Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad».
Nada diferente al de Morena.
La etapa final será una encuesta que medirá «no solo aspectos cuantitativos, sino también cualitativos como la expectativa de voto y el potencial de crecimiento».
Tal y como la ha anunciado Romero, el procedimiento está impregnado de una elevada dosis de discrecionalidad pues, dijo, «los criterios de selección priorizarán a "personas que tengan ganas de ayudarle al país" y que no tengan "la más mínima sospecha de asociación con los malos». (Ibídem).
No inician bien.
La Comisión Nacional decidió no dar a conocer los nombres de los 740 aspirantes registrados en el estado de Chihuahua de esta primera etapa, con el falaz argumento que es «para evitar fricciones«. (Nota de Pavel Juárez, El Diario, 24 Jul. 2026).
¿Y porqué no cambiar tan farragoso método, por uno ya contemplado en sus reglamentos, que les permitiera diferenciarse de Morena y que éste fuera uno de los factores que le atrajera el voto ‘switcher’, es decir, el del ciudadano no identificado con partido o candidato alguno, que decide su voto en la campaña?
De lo contrario, ¡Vaya contradicción, argumentar hasta la saciedad que son distintos a Morena y terminar ofreciendo lo mismo que este partido!
¿Porqué no llamar a votar a todos sus miembros, que pueden ser poco más de 5 mil en la capital chihuahuense, para elegir a su candidato a la alcaldía?
Lo peor para el panismo es que no se les presentarán muchas oportunidades como ésta en el futuro inmediato… y probablemente ni en el mediato.
—o—
Fracaso total de la 4T en Sinaloa.- A dos años de la extracción de 'El Mayo’ y a 22 meses de la guerra entre ‘Chapitos’ y ‘Mayitos’, ante los ojos de más de 13 mil elementos de las fuerzas armadas, el balance no podía ser más devastador:
Sinaloa acumula, desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de julio de 2026, 3 mil 604 muertes violentas y 4 mil 167 personas privadas de la libertad.
Reporte de Noroeste:
◉ 3,604 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,167 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,049 vehículos robados (17.7 diarios)
◉ 3,746 personas detenidas (5.5 diarios)
207 personas abatidas
Hay otro balance: Desde el 28 de abril de este año, 10 funcionarios o ex funcionarios sinaloenses —todos de la 4T—, encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya tienen una orden de aprehensión en su contra, con fines de extradición y salvo el Gral. Gerardo Mérida —que se entregó— todos siguen en libertad, en el peor de los episodios protagonizado por un gobierno mexicano coludido con el crimen organizado, porque de eso están acusados en los tribunales norteamericanos, de trabajar directamente para el Cártel de Sinaloa.
Los protege el manto presidencial ¿Hasta cuándo?
En cambio, al ex gobernador Ernesto Ruffo Appel lo acusaron de ser la principal cabeza de «la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento», en palabras de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, en cuya acusación no encontró responsabilidad de funcionarios públicos en activo. De ninguno.
¿Y los almirantes, los encargados de las aduanas? ¿Porqué no señalaron a ninguno?
Ah, es que ya era muy fuerte el escándalo despertado por las grabaciones en las que la gobernadora Marina del Pilar Ávila se comprometió con agentes de EEUU a entregarles información sensible de la seguridad pública.
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