Chihuahua, Chih.
En medio de un mar de comentarios, especulaciones, rumores y posicionamientos de las distintas fuerzas políticas en el país, además de las expresiones de distintos actores políticos, vertidos sobre el episodio del descubrimiento y desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara y el fallecimiento de dos policías chihuahuenses y dos agentes norteamericanos, persiste la pregunta:
¿Porqué razón, si se trataba de un operativo para decomisar un narcolaboratorio, tarea que, por lo tanto, caía en la esfera de las funciones de la DEA, no hubo agentes de esta agencia en el operativo, o en la preparación del mismo, y sí de la CIA?
Si había participación de agentes de la CIA, puede especularse que se debía a la declaración del presidente Donald Trump como terroristas a la mayoría de las bandas del crimen organizado en México, clasificación que, por lo tanto, se volvió competencia de la Agencia Central de Investigación (CIA) de los Estados Unidos y no sólo de la DEA.
Hasta ahora, ese aspecto, central, se ha dejado de lado tanto por la presidenta, Claudia Sheinbaum, como la gobernadora, Maru Campos, y el Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui.
El tema ha pasado, de inmediato —no podía ser de otra manera— al terreno político-electoral y ha oscurecido, tanto el descubrimiento e inutilización de uno de los más grandes narcolaboratorios de producción de anfetaminas en el país como los lamentables fallecimientos del Director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y del agente Manuel Genaro Méndez Montes, además de los que ahora sabemos eran agentes de la CIA.
Y este último aspecto, el de la adscripción de los agentes norteamericanos, es sobre el cual el gobierno de la República debiera preocuparse más.
Desatadas las especulaciones sobre esto y confirmada la adscripción de los fallecidos a la agencia encargada del espionaje por excelencia, que está limitada a actuar solamente en el extranjero, podemos concluir que,efectivamente, si no participaron directamente en el operativo, es evidente, por la información que ahora tenemos, se puede especular que sí participaron en lo referente a las operaciones de inteligencia.
¿Qué hace diferente el operativo del fin de semana pasado frente a la detención o abatimiento del Mencho? Probablemente, nada, se sabrá conforme pasen los días.
Por mientras, las declaraciones del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ayer, en las que dió por buenas las efectuadas por César Jáuregui, en el sentido que no participaron los agentes en el operativo, deben haberles sonado como música a los oídos, en comparación con las esperadas descalificaciones de los senadores Javier Corral y Juan Carlos Loera.
En el gobierno federal pueden argüir que no tuvieron conocimiento previo del operativo, pero este se realizó en el transcurso del sábado anterior.
En la madrugada del domingo se dio a conocer el fallecimiento de los cuatro agentes por el fiscal de Chihuahua.
También se supo por los mensajes en X de la embajada de Estados Unidos.
Tuvieron todo el domingo, tanto la Presidenta, como el gabinete de seguridad, de comentar el asunto, tomar determinaciones y, además, conversar con el Gobierno de Chihuahua, en particular con la gobernadora.
No lo hicieron y se presentó lo que era lógico, el paso de un tema de seguridad a un tema político electoral.
Pero lo más peligroso para el país y para la conducción del Gobierno es que el presidente norteamericano, basándose en la clasificación de terroristas de los grupos organizados en México, puede pasar a la etapa de más determinantes acciones.
¿Porqué, por ejemplo, hasta ahora se supo que hay una oficina de la CIA en Monterrey, de la que dependían los agentes fallecidos, además de los otros dos, que se ha filtrado, también participaron en las tareas de los caídos?
La discusión ahora se ha entrado en si el Gobierno de Chihuahua violó o no algunos preceptos de la Constitución o de la Ley de Seguridad Nacional.
Pero quienes impulsaron fuertemente que la gobernadora y el fiscal comparecieran en el Senado de la República se equivocaron de ventanilla.
Esta sería la Fiscalía General de la República la que debería de efectuar una investigación para fincarles responsabilidades a la gobernadora y el fiscal, presentar el caso al Congreso del Estado y, de encontrarse evidencias de la comisión de algún delito, desaforar a la gobernadora.
Sorprende, por otra parte, la forma en que han respondido tanto Jáuregui como Maru Campos, en las que se han cuidado de no esclarecer, tanto la adscripción de los agentes norteamericanos fallecidos, como la de los acuerdos en los que se basó su participación en los hechos ahora comentados.
Esperemos.
Esto puede haber iniciado solamente.
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