Chihuahua, Chih.
En 2024, México y otros 63 países más, tendrán elecciones en diferentes niveles de gobierno. La particularidad que define a este proceso electoral es el propio sentido de las democracias, así, en plural y en sus especificidades, porque más que nunca, las derechas avanzan y las disputas electorales han instrumentalizado la lucha de poder en lo narrativo, protagonistas y conceptos básicos antes entendidos de modo amplio para erosionales y vaciarlos de sentido dejándolos vacuos y así, convertir en aceptables cuestiones antes impensables.
Este es un año decisivo que, desde el campo progresista, nos enfrenta a repensar la democracia, sus formas de participación y los derechos humanos.
Lo dicho, por la insistencia en seguir considerando que el Estado-nación es uno, homologo, homogéneo, que los procesos electorales se viven de la misma forma en todo el territorio nacional. Los discursos, las narrativas de odio, la confrontación en voz de quien acusa de violencia que se respalda en el estigma creciente y los prejuicios que se fomentan a modo de identidad que, en el caso de Chihuahua, como si fuéramos una sociedad que en todo sector, aspiráramos lo mismo.
Y uso esa palabra -aspiración- que tiene como derivado: «Aspiracionista» que, según la RAE, documenta que en el lenguaje periodístico de algunos países, se utiliza para hacer referencia a quienes tienen aspiraciones de medrar o ascender socialmente, a menudo con un matiz despectivo.
Las palabras nombran las cosas y también reflejan cómo entendemos el mundo. Y según personas panistas, ser aspiracionistas es una actitud que rige u orienta su forma de hacer política.
¿Está bien ser aspiracionista? No, porque de entrada es despectivo.
La crítica al término está relacionada con los señalamientos que se hacen a lo que ya se ha consolidado como modelo social dominante: la sociedad del rendimiento que define el filósofo coreano Byung Chul-Han y que tiene que ver con una era en la que todas las personas deben gozar de la libertad para emprender (liberalismo económico tipo Javier Milei), para producir riqueza y quien no lo hace, debe recibir mínimo, el escarnio público. El aspiracionismo es una actitud individualista que dista diametralmente de la comunidad como un elemento de buen vivir.
El anterior es solo un ejemplo de los discursos y los elementos que se han incluido en estas nuevas narrativas que reflejan la pobreza política de proyectos que, de fondo, ninguno ha dejado de abrazar valores conservadores que niegan derechos, limitan libertades y coartan la posibilidad de acceder a la representación que pudiese poner en la mesa los temas importantes a visibilizar.
Así ningún partido ni candidato se sale del guion oficial. Con todo y sus prejuicios y falacias emitidos desde sus cuartos de guerra. Los debates presidenciales, mesas de análisis y entrevistas se convirtieron en una réplica con el mismo tipo de señalamientos y acusaciones con sus predecibles respuestas.
Ninguno regionalizó problemáticas, ninguno atendió a su propia realidad, no es lo mismo abordar el tema del narco en la península de Yucatán que en el norte de México, tampoco, es claro o fácilmente distinguible el profundo clasismo de una casta política regiomontana a plantear en los mismos términos la exclusión que este mismo fenómeno provoca en la sierra de Guerrero. Porque somos un país diverso, plural, nos quejan distintas cosas y pensamos el mundo en clave diversa para entenderlo, atenderlo y darle solución.
Nada menos en Chihuahua, no hay necesidad de que Morena acuse o haga referencia a viejos gobiernos, nos gobierna el PAN y eso basta como para con una argumentación efectiva se logren condensar la inconformidad que podría llevar a la movilización por la conflictividad social.
Motivos sobran: los altos costos de la UACH siendo pública y las represalias contra estudiantes que se movilizan y trabajadores que se atreven a opinar sobre la situación; un Congreso local que sistemáticamente se ha negado a legislar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha instruido para reconocer que el aborto es un derecho y junto a la prohibición de las ECOSIG (terapias de conversión), han sido mandadas a la congeladora.
Sin embargo; sí legisla para instrumentar la represión, para criminalizar la protesta social y acallar las voces disidentes dejándoles en la indefensión jurídica, colocando alfiles de la titular del ejecutivo estatal en los órganos ciudadanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos que debería poder gestionar controversias ciudadanas salvaguardando los derechos de las personas o como el Instituto Estatal Electoral que violenta abiertamente derechos políticos, electorales y lingüísticos de las personas no bilingües del municipio de Guachochi negando su acceso a la participación ciudadana y de la participación política de la candidata Candelaria Cruz Aguirre, incluso rayando en la violencia política en razón de género por ejercerle violencia simbólica, discriminándola.
Así llegamos a la recta final: las rutas construidas para transitar en democracia van quedando sin efectos para una ciudadanía que cada vez más, va percibiendo que el voto no alcanza para manifestar la voluntad popular.
@marielousalomé
